Víctimas del sicariato campesino: Ley contra el Odio trae justicia y cese a la impunidad

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Con la aprobación de la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, por parte de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), se consolidó el valor del respeto a la vida y el cese de la impunidad, señaló este jueves, Maite García, integrante del Comité de Víctimas del Sicariato Campesino.

“No solo es que la persona esté detenida, sino consolidar la paz para las generaciones futuras. Hay mucha esperanza porque sentimos que esta es la forma de hacer justicia a nuestros familiares, La ley definitivamente va a encarrilar a la oposición que tiene como práctica el terrorismo al camino democrático, de la paz y de la vida, del respeto, a lo que somos los venezolanos y venezolanas de bien”, indicó este jueves en una entrevista concedida al programa Encendidos, que transmite Venezolana de Televisión.

En el espacio televisivo, la activista destacó el impacto positivo de la normativa “para asegurar a nuestros hijos e hijas su futuro“, remarcó.

Entre los 25 artículos que conforman la ley destaca la prohibición de funcionamiento para aquellos partidos y organizaciones políticas que promuevan el fascismo, el odio y la intolerancia; la prohibición de la propaganda de guerra y mensajes de intolerancia y odio a través de los medios de comunicación y de los administradores de redes sociales.

Una las víctimas de estos crímenes es el padre de Maite García, Armando “Pelaíto” García, líder campesino asesinado en el estado Zulia el 19 de septiembre de 2002.

La activista llamó a todo el pueblo a ser brigadista de la paz, a fomentar el humanismo y el amor.

“Nosotros podemos cosechar ese amor, como nuestros campesinos que cuando siembran las hortalizas que nosotros llevamos a nuestra mesas están sembrando justamente el amor a la patria, están legando a sus hijos el trabajo y la tolerancia sobre todas las cosas”, dijo.

Sostuvo que solo a través de esos valores se neutralizarán a los medios privados y actores políticos radicales de la derecha que promueven la guerra y la confrontación, y se garantizará que continúe la construcción del Estado de Derecho para la paz.

La norma establece un precedente en la lucha estatal por la prevención del fascismo, con la prohibición expresa de promover la intolerancia a las organizaciones y partidos como forma de hacer política.

El instrumento jurídico, de 25 artículos, contempla la creación “de la comisión para la promoción y garantía de la convivencia pacífica como espacio interinstitucional encargado de diagnosticar, organizar y formular las directrices de la política pública, destinada a promover y garantizar la dignidad humana, el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia, el respeto recíproco, así como para prevenir y erradicar toda forma de violencia, odio e intolerancia política, social y de cualquier otro tipo“.

ETN/ AVN

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